El gobierno federal anunció el inicio de la transición hacia una jornada laboral de 40 horas semanales y esto es lo que al momento se comenta:
El objetivo es que esta medida esté completamente implementada a más tardar en enero de 2030. Esta acción busca mejorar las condiciones laborales de los trabajadores mexicanos, promoviendo su bienestar y un mejor equilibrio entre la vida personal y profesional.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha destacado que este cambio se impulsará mediante el consenso y el diálogo con empleadores, sindicatos y asalariados. Ella afirmó que las grandes reformas en México se han hecho por consenso y se busca que esta también lo sea. Para ello, se abriran mesas de trabajo y foros de consulta nacional.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), a través de su titular Marath Baruch Bolaños López, anunció la convocatoria a estos foros. Estos se celebrarán entre el 2 de junio y el 7 de julio de este año en distintas ciudades del país. La intención es diseñar conjuntamente la ruta hacia la nueva jornada laboral, contando con la participación de trabajadores, empresarios, académicos y otros actores sociales.
Marath Baruch Bolaños López subrayó que “la reducción de horas no implica una pérdida de productividad ni de valor generado. Lo que hace es dignificar la existencia de las y los trabajadores. Se estarán devolviendo ocho horas a la semana para que puedan usarlas como mejor les convenga, contribuyendo al desarrollo nacional, al bienestar familiar y a la felicidad individual”.
Líderes sindicales como Reyes Soberanis Moreno (presidente del Congreso del Trabajo) e Isaías González Cuevas (secretario general de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos) han dado la bienvenida a la medida, señalando que responde a una demanda histórica. Para que se materialice, se requiere una reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT). Consideran positivo que los avances se den de forma paulatina para no afectar a las empresas, en especial a las pequeñas y medianas. La iniciativa se encuentra en el Congreso de la Unión.
Respecto a cómo podría distribuirse la nueva jornada laboral de 40 horas, que reduce el límite máximo de 48 horas semanales, las fuentes mencionan varias opciones, siempre respetando el máximo de 8 horas diarias (salvo horas extra, según el Artículo 61 de la Ley Federal del Trabajo) y con al menos 1 día de descanso semanal. Las horas extra tienen que tener la naturaleza de ser “extraordinarias” y no permanentemente laboradas y no pueden exceder 3 por día ni 9 por semana (Art. 66 LFT).
Aquí hay algunas propuestas referentes al tema de la distribución:
• Clásica (5 días): Lunes a Viernes, 8 horas diarias (Total: 40 h). Descanso Sábado y Domingo.
• Jornada semanal con un día libre extra (4.5 días): Lunes a Jueves, 9 horas diarias, y Viernes, 4 horas (Total: 40 h). Descanso Sábado y Domingo.
• Distribución en 6 días (para operación continua): Lunes a Sábado, 6.66 h/día (aproximadamente 6 h 40 min) (Total: ≈ 40 h). Descanso Domingo.
• También se menciona una opción de jornada reducida con días más cortos (Ejemplo: de Lunes a Jueves 7 horas, Viernes 5 horas), pero se aclara que para llegar exactamente a 40h se requerirían ajustes.
Si una empresa desea implementar una jornada mixta o flexible, esto debe pactarse con los trabajadores y registrarse en el contrato individual y colectivo o en el reglamento interior de trabajo.
A nivel legislativo, la Cámara de Diputados acumula 10 proyectos en la actual legislatura que buscan este objetivo, y la mayoría de las nuevas propuestas han incluido una transición gradual. Algunos cambios importantes en estas propuestas incluyen sumar a trabajadores del sector público y proteger el salario. La mayoría mantiene el enfoque de reforma constitucional para reconocer dos días de descanso por cada cinco de trabajo.
Entre las propuestas legislativas específicas se encuentran:
• Un programa piloto de un año por parte de la STPS y Secretaría de Economía, un catálogo de actividades exceptuadas por razones técnicas o fuerza mayor, y subsidios para empresas con dificultades.
• Implementación diferenciada por tamaño de empresa, dando plazos mayores a micronegocios (3.5 años), pequeñas (2 años), medianas (1.5 años) y grandes (6 meses).
• Una transición escalonada a dos años, con un primer año de adecuaciones organizacionales, y en el segundo año gozar plenamente de dos días de descanso.
Desde el sector empresarial, a través de la representación de Coparmex en uno de los diálogos, se ha manifestado disposición a participar en los diálogos, formando un frente unido con otros organismos. La postura es que el resultado de los diálogos debe ser una iniciativa de reforma a la LFT que contenga temas importantes de gradualidad, flexibilidad y consideración de casos de excepción, especialmente para minimizar impactos en los sectores más vulnerables, como las micro y pequeñas empresas. Se reconoció que estas empresas son las más vulnerables, y algunas medianas también lo son.
Coparmex está a favor de mejores condiciones de trabajo y ha sido promotor del aumento al salario mínimo. Sin embargo, el sector empresarial también ha expresado preocupaciones y riesgos. Señalan que se debe analizar si el plazo de 5 años (hasta 2030) es suficiente para que las Pymes se adapten. Advierten que si la reforma no se hace de manera consensuada y sin un impulso a la productividad, podría haber efectos negativos como:
• Posible reducción en la contratación de personal debido a la implementación de sistemas de robotización o automatización, especialmente en actividades de producción en línea.
• Crecimiento de la informalidad al buscar salidas para evitar costos operativos.
• Impactos en costos operativos y la economía de las empresas.
• Impactos en la economía de los trabajadores si se reducen las plazas.
Se insiste en que el diálogo tripartito es crucial para construir una propuesta que no afecte a la economía de las empresas ni a los trabajadores, y que analice cómo puede irse caminando en esta reducción gradual. También se mencionan otros temas de preocupación para el sector obrero y empleador, como la deducibilidad de prestaciones y la tabla de subsidios del ISR que no se ha adecuado anualmente.
En resumen, la reducción de la jornada laboral a 40 horas es una iniciativa del gobierno federal anunciada el Día Internacional del Trabajo con implementación gradual hasta 2030, buscando mejorar el bienestar de los trabajadores. Se llevará a cabo a través de foros de consulta y diálogo con todos los sectores involucrados para lograr un consenso. Hay diversas propuestas legislativas sobre cómo implementar la reducción y su gradualidad. Aunque aplaudida por sindicatos como demanda histórica, el sector empresarial subraya la necesidad de una transición cuidadosa y flexible, considerando la realidad de las empresas (especialmente Pymes) y abordando temas como la productividad y la informalidad.